19 de noviembre de 2026
Con el respaldo de los 71 legisladores presentes, el Congreso convirtió en permanente el sistema de prestaciones que regía bajo la emergencia. La iniciativa mantiene pensiones, cobertura médica y actualización de aranceles, con nuevas reglas de financiamiento y auditoría.
El Senado de la Nación aprobó este jueves, por unanimidad, la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, una iniciativa que conserva los principales beneficios establecidos durante la emergencia y transforma ese esquema transitorio en un régimen permanente. La propuesta obtuvo el respaldo de los 71 senadores presentes y quedó definitivamente sancionada, después de haber recibido media sanción de la Cámara de Diputados.
La decisión representa un cambio significativo en la posición del Gobierno de Javier Milei, que durante 2025 había rechazado la Ley de Emergencia en Discapacidad y dispuesto su veto. Sin embargo, ante el vencimiento de ese régimen el próximo 31 de diciembre de 2026, el oficialismo terminó acompañando una nueva normativa que mantiene las principales prestaciones y establece mecanismos de financiamiento y supervisión.
La sanción se produjo después de meses de reclamos de organizaciones de personas con discapacidad, familiares y prestadores de servicios, que advirtieron sobre las dificultades económicas del sector y reclamaron garantías para la continuidad de las prestaciones. El debate también estuvo atravesado por el respaldo que el papa León XIV expresó a los reclamos de los colectivos de discapacidad durante su reciente visita a la Argentina.
La Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad reemplaza el carácter transitorio de la Ley 27.793, que había declarado la emergencia nacional hasta fines de 2026. La principal diferencia es que el nuevo régimen tendrá carácter permanente y de orden público, por lo que sus disposiciones no estarán condicionadas a la renovación periódica de una declaración de emergencia.
Entre sus principales beneficios, la normativa mantiene la pensión no contributiva por discapacidad, cuyo monto equivale al 70% del haber jubilatorio mínimo. Además, permite compatibilizar su cobro con el desempeño de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos del beneficiario no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Esta disposición busca evitar que las personas con discapacidad pierdan automáticamente la asistencia económica cuando acceden a una oportunidad laboral. El beneficio alcanza a quienes cumplen las condiciones establecidas por la normativa y cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La ley también garantiza la continuidad de la cobertura médica mediante el programa federal Incluir Salud, destinado a personas que reciben pensiones no contributivas. De esta manera, mantiene el acceso a las prestaciones básicas previstas en el sistema de protección para personas con discapacidad.

Uno de los principales reclamos de las instituciones y profesionales del sector estaba vinculado con el atraso en los valores que reciben por sus prestaciones. La nueva legislación conserva el principio de nomenclador único, que establece criterios comunes para determinar los aranceles de los servicios destinados a personas con discapacidad.
Además, ratifica la actualización automática y periódica de esos aranceles, tomando como referencia el índice de movilidad jubilatoria, vinculado con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La disposición resulta relevante para centros de día, instituciones de rehabilitación, profesionales de apoyo y otros prestadores que dependen de esos pagos para sostener sus actividades. Durante los últimos años, las organizaciones del sector denunciaron dificultades para afrontar salarios, alquileres, transporte y otros costos de funcionamiento debido al retraso en las actualizaciones.
El proyecto también incorpora una cláusula transitoria para regularizar las compensaciones adeudadas a los prestadores, mediante un cronograma de pagos. Esa disposición fue incluida durante las negociaciones parlamentarias y busca atender los compromisos pendientes con las instituciones que brindan servicios a las personas con discapacidad.
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La votación expuso un cambio de posición del oficialismo respecto de la política de discapacidad. Durante 2025, el presidente Javier Milei había vetado la Ley de Emergencia en Discapacidad, en el marco de su estrategia de control del gasto público, aunque el Congreso posteriormente insistió con su sanción.
En esta oportunidad, La Libertad Avanza acompañó un proyecto que conserva gran parte de los beneficios de aquella legislación, pero reemplaza la declaración de emergencia por un sistema permanente. El oficialismo defendió la decisión con el argumento de que una estructura estable permitirá mejorar la administración de recursos y otorgar mayor previsibilidad a los beneficiarios.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Agustín Monteverde, sostuvo: "La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad. Este proyecto crea un régimen que asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones, coberturas y su compatibilidad con el trabajo".
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, también defendió el acuerdo alcanzado entre las distintas fuerzas políticas y afirmó que la nueva legislación "es un acuerdo social y un acuerdo político".
La senadora agregó: "Estamos planteando salir de una emergencia, para generar transparencia, previsibilidad y estabilidad para las familias que estuvieron en una situación de disputa".
Bullrich remarcó que una de las principales diferencias respecto de la legislación anterior consiste en que el nuevo texto establece de dónde deberán surgir los recursos para financiar las prestaciones. Esa cuestión había sido uno de los principales motivos de conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Congreso durante el tratamiento de la emergencia.

Aunque la votación fue unánime, los bloques opositores mantuvieron sus cuestionamientos a la política de discapacidad del Gobierno nacional. Durante el debate, legisladores peronistas señalaron que la aprobación del nuevo régimen representa un avance, pero no resuelve automáticamente las dificultades acumuladas por las familias y los prestadores.
La senadora Alicia Kirchner sostuvo que "ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados; en tal caso, es un punto de partida". La exgobernadora de Santa Cruz reconoció la importancia de establecer un marco legal permanente, aunque advirtió que la implementación deberá estar acompañada por recursos suficientes.
En esa línea, agregó: "Hoy estamos dando una respuesta muy importante, pero no definitiva".
Por su parte, la senadora catamarqueña Lucía Corpacci cuestionó las políticas impulsadas por la administración de Milei y atribuyó el avance de la legislación a la movilización de las organizaciones sociales.
"Esta ley existe porque la ciudadanía en su conjunto, encabezada por el colectivo de discapacidad, salió a la calle. Tiene cosas por mejorar pero por lo menos mantiene los derechos. Pero si no modificamos el presupuesto, nada de esto va a valer la pena", planteó la legisladora.
Corpacci también remarcó que el principal desafío será garantizar que los derechos contemplados en la normativa puedan cumplirse efectivamente, en un escenario de dificultades financieras para las instituciones y las familias.
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Uno de los aspectos centrales del acuerdo parlamentario fue la incorporación de reglas específicas para el financiamiento del sistema de discapacidad.
La legislación establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la correspondiente al ejercicio fiscal anterior. De esta manera, busca evitar que la inflación reduzca el valor efectivo de los recursos destinados a financiar las prestaciones.
La disposición adquiere relevancia frente al debate por el Presupuesto 2027, donde el financiamiento de las políticas de discapacidad volvió a generar diferencias entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición.
El proyecto también dispone que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la norma en un plazo máximo de 30 días, una vez que se complete el procedimiento de promulgación. Esa reglamentación será necesaria para establecer las condiciones operativas de las nuevas disposiciones y asegurar su implementación.
Aunque el régimen ya obtuvo la sanción definitiva del Congreso, su aplicación efectiva dependerá de las decisiones administrativas y presupuestarias que adopten los organismos responsables.

Además de mantener las prestaciones, la nueva ley incorpora un sistema de auditorías periódicas destinado a supervisar el funcionamiento de los beneficios y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.
El mecanismo contempla el intercambio de información entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
El objetivo es fortalecer los procedimientos de control mediante el cruce de registros administrativos, aunque las verificaciones deberán respetar el principio del debido proceso inclusivo, previsto expresamente en la normativa.
La incorporación de estas herramientas formó parte de las negociaciones que permitieron alcanzar el acuerdo entre los bloques parlamentarios. Para el oficialismo, representan una forma de mejorar la administración de los recursos públicos, mientras que las organizaciones de discapacidad mantienen especial atención sobre las condiciones en que se realizarán las auditorías.
El desafío será compatibilizar los controles con la continuidad de las prestaciones y garantizar que los procedimientos administrativos no provoquen interrupciones injustificadas de los beneficios.
La sanción de la nueva ley constituye uno de los acuerdos parlamentarios más amplios de los últimos meses, especialmente por tratarse de una política que había generado fuertes enfrentamientos entre el Gobierno nacional y el Congreso.
El proyecto había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados con 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones. Posteriormente, recibió dictamen favorable en el Senado con el acompañamiento de representantes de La Libertad Avanza, el peronismo, el PRO, la UCR y otros bloques provinciales.
Durante el debate en la Cámara alta, el senador del PRO Martín Goerling Lara destacó la necesidad de garantizar un marco legal que no dependa de sucesivas declaraciones de emergencia.
"La dignidad de una persona con discapacidad y la tranquilidad de sus familias no pueden estar atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre. Hoy tenemos la oportunidad de darles previsibilidad y respeto", afirmó.
La senadora de Provincias Unidas Alejandra Vigo también respaldó la iniciativa y pidió prestar atención al papel de las administraciones provinciales en el sostenimiento de los servicios.
"Optimizar recursos y acompañar a las provincias porque eso garantiza los servicios a las familias con personas con discapacidad", señaló durante su intervención.
Con la sanción definitiva, el Congreso estableció un nuevo marco normativo para el sistema de discapacidad. Sin embargo, el consenso alcanzado no elimina las diferencias políticas sobre el financiamiento, las condiciones de acceso a los beneficios y la responsabilidad del Estado en la prestación de servicios.
La aprobación unánime de la ley permanente de discapacidad marca el cierre de una etapa de enfrentamientos parlamentarios y abre otra centrada en su implementación. La continuidad de las pensiones, la actualización de los aranceles y el financiamiento de los servicios dependerán ahora de la reglamentación y de las partidas presupuestarias que se destinen al sistema.
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