20 de noviembre de 2026
La investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos sindicales complica el futuro del exsecretario general. En medio de la intervención judicial, crecen las versiones sobre un armado para mantener su estructura de poder con otros dirigentes al frente.
La crisis de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) abrió una nueva disputa por el futuro de uno de los sindicatos industriales más importantes de la Argentina. Mientras el exsecretario general Abel Furlán enfrenta una investigación judicial por presuntas irregularidades en la administración de fondos gremiales, dirigentes vinculados con La Cámpora buscarían conservar su influencia dentro de la organización mediante una nueva conducción que no necesariamente incluya al dirigente desplazado.
La estrategia, definida en ámbitos sindicales como "furlanismo sin Furlán", aparece en medio de la intervención judicial de la UOM y de las negociaciones para reorganizar su estructura de conducción. Según publicó El Diario, el sector que acompañó al exsecretario general analiza distintas alternativas para mantener posiciones dentro del gremio, mientras la causa por los contratos con USEM S.A. incorpora a otros integrantes de la antigua conducción nacional.
El principal interrogante es quién podría convertirse en el nuevo referente de ese espacio. Entre los nombres mencionados aparecen Osvaldo Lobato, Antonio Donello y Gustavo Daporta, aunque ninguno cuenta con una candidatura formalmente confirmada para encabezar el sindicato. La discusión se desarrolla mientras la Justicia laboral mantiene intervenida la organización y todavía no está resuelto el cronograma definitivo de normalización.
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El desplazamiento de Abel Furlán de la conducción nacional modificó el equilibrio interno del gremio metalúrgico y abrió una disputa entre distintos sectores por el control de su estructura política y administrativa. Durante su gestión, el dirigente había construido una alianza con referentes vinculados con La Cámpora, que adquirieron participación en áreas relacionadas con la administración de recursos sindicales y de la obra social.
La investigación judicial complicó ese esquema y obligó a sus antiguos aliados a evaluar alternativas. Según la reconstrucción publicada por El Diario, una de las posibilidades que circulan consiste en preservar la estructura política del furlanismo mediante otro dirigente, evitando que la salida de su principal referente implique también la pérdida de influencia de los sectores que lo acompañaron.
La hipótesis supone mantener acuerdos entre dirigentes territoriales, integrantes de la antigua conducción y referentes vinculados con la organización kirchnerista. Sin embargo, no existe una confirmación pública de La Cámpora sobre un acuerdo para impulsar a un sucesor de Furlán, por lo que se trata de una posibilidad planteada en el marco de la interna sindical.
La disputa excede la elección de un secretario general. También involucra la administración de recursos, el funcionamiento de la obra social y la capacidad de cada sector para influir en las decisiones de una organización con representación en la industria metalúrgica de todo el país.

Uno de los nombres que adquiere relevancia en las versiones sobre la reorganización del gremio es Osvaldo Lobato, secretario general de la seccional San Martín y exsecretario administrativo de la conducción nacional.
Durante la gestión de Furlán, Lobato ocupó una posición importante en la administración de la UOM y participó en decisiones relacionadas con los recursos sindicales. Ambos integraron el grupo de autoridades que suscribió los contratos con Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM S.A.), actualmente investigados por la Justicia federal.
Su eventual candidatura, sin embargo, enfrenta un obstáculo: Lobato también se encuentra involucrado en la investigación judicial. El juez federal Julián Ercolini lo convocó a declaración indagatoria y dispuso una inhibición general de bienes que alcanza a varios de los imputados en el expediente.
La medida cautelar no equivale a una condena ni determina por sí misma la responsabilidad penal del dirigente, pero incorpora un elemento de incertidumbre sobre sus aspiraciones de regresar a la conducción nacional.
Ante esa situación, la investigación periodística también menciona a Antonio Donello, dirigente de Rosario, y Gustavo Daporta, referente de Avellaneda, como nombres que podrían entrar en consideración dentro de una eventual reorganización del espacio.
Por el momento, ninguna de esas alternativas aparece respaldada por una proclamación formal. La definición dependerá tanto de las negociaciones internas como del desarrollo de la intervención judicial y de las condiciones que se establezcan para las próximas elecciones sindicales.
La disputa política se desarrolla en paralelo con una investigación penal que tiene como protagonista a Abel Furlán, quien se presentó el miércoles 18 de noviembre ante el juez federal Julián Ercolini.
El exsecretario general entregó un escrito en el que rechazó las acusaciones vinculadas con la presunta administración fraudulenta de los recursos de la UOM y su obra social. Además, solicitó su sobreseimiento y pidió que se levantara la inhibición general de sus bienes.
La defensa sostuvo que los contratos cuestionados no fueron decisiones personales de Furlán, sino que contaron con la participación y aprobación de distintos órganos de conducción sindical.
Este planteo adquiere relevancia porque introduce la discusión sobre las responsabilidades de otros integrantes de la estructura gremial. Sin embargo, la existencia de decisiones colectivas no determina automáticamente la responsabilidad penal de todos los participantes, una cuestión que deberá resolver la Justicia a partir de las pruebas reunidas.
La investigación está impulsada por el fiscal Eduardo Taiano y tramita bajo la intervención del juez Ercolini. Además de Furlán, fueron convocados a declarar otros exintegrantes de la conducción y representantes de la empresa investigada.
Hasta el momento, las acusaciones corresponden a una causa en trámite y no existe una sentencia condenatoria contra los dirigentes investigados por estos hechos.

El expediente judicial tiene como eje dos contratos firmados el 27 de febrero de 2023 entre la UOM, su obra social y la empresa USEM S.A., una sociedad que asumió funciones vinculadas con la administración de recursos y circuitos financieros de ambas entidades.
De acuerdo con la investigación, la compañía había sido constituida aproximadamente 82 días antes de la firma de los acuerdos y presentaba una estructura operativa reducida.
Uno de los aspectos examinados por la Justicia es si las condiciones de contratación resultaron perjudiciales para el patrimonio sindical y si existieron beneficios económicos indebidos a favor de la empresa o de personas vinculadas con ella.
Según documentación judicial difundida por medios nacionales, USEM recibió al menos $2.466 millones provenientes del gremio, una cifra que forma parte de las operaciones bajo análisis.
Entre las personas investigadas aparece María Soledad Calle, vinculada con La Cámpora y con participación societaria en USEM. También fueron citados Adalberto Braconi, Naldo Brunelli, Osvaldo Lobato y José Luis Ortiz, quienes desempeñaron distintas funciones empresariales o sindicales relacionadas con los hechos.
El juez dispuso medidas cautelares sobre los bienes de los imputados mientras continúa la investigación. El objetivo de esas restricciones es preservar la posibilidad de responder patrimonialmente ante eventuales decisiones judiciales, sin que su aplicación implique una declaración anticipada de culpabilidad.
La causa constituye uno de los principales factores que condicionan las posibilidades de reorganización del sector vinculado con Furlán, debido a que varios de sus antiguos colaboradores también aparecen mencionados en el expediente.
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La crisis institucional de la UOM se profundizó en mayo de 2026, cuando la Justicia laboral dispuso la intervención del sindicato después de cuestionar el proceso electoral desarrollado en la seccional Zárate-Campana.
La decisión afectó la legitimidad de la elección que había permitido a Furlán continuar al frente de la organización nacional y derivó en la designación de autoridades interventoras.
Desde entonces, distintos sectores sindicales mantienen posiciones enfrentadas sobre el alcance de la intervención y el procedimiento que deberá utilizarse para normalizar la conducción.
Mientras algunos dirigentes cuestionan la actuación judicial y reclaman que se respete la voluntad expresada por los afiliados, otros consideran necesario realizar un nuevo proceso electoral que permita superar las controversias institucionales.
En ese escenario aparece el interventor Alberto Biglieri, cuya actuación también generó diferencias con dirigentes vinculados con la conducción desplazada.
Uno de los episodios mencionados por El Diario involucra a Gustavo Daporta, quien se habría presentado ante el interventor con una designación interna que pretendía otorgarle facultades para participar de la administración sindical.
El intento, según esa reconstrucción, no prosperó porque las atribuciones de los órganos de conducción desplazados se encontraban alcanzadas por la intervención judicial.
El episodio refleja la disputa sobre quién está habilitado para tomar decisiones dentro de una organización que todavía no logró resolver su situación institucional.
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La posibilidad de realizar nuevas elecciones durante 2027 se convirtió en uno de los principales puntos de discusión entre los diferentes sectores metalúrgicos.
La intervención judicial deberá definir los pasos necesarios para normalizar el funcionamiento del sindicato, mientras los dirigentes comienzan a evaluar posibles acuerdos y candidaturas.
Para el espacio vinculado con Furlán, el escenario presenta una dificultad particular: la investigación judicial alcanza a varios integrantes de la antigua conducción, lo que complica la posibilidad de reconstruir el mismo esquema de poder sin modificaciones.
En ese contexto, la fórmula de un "furlanismo sin Furlán" representa una hipótesis de continuidad política mediante otros dirigentes. Su eventual concreción dependerá de que ese sector consiga articular apoyos suficientes entre las seccionales y participar del proceso electoral que finalmente se establezca.
Sin embargo, la reorganización no depende únicamente de los antiguos aliados del exsecretario general. Otros dirigentes comenzaron a reclamar una mayor participación en las decisiones nacionales, mientras persisten los cuestionamientos a la intervención y las diferencias sobre el futuro de la obra social.
La fragmentación interna plantea así una disputa que combina representación sindical, administración de recursos y relaciones políticas con distintos sectores del peronismo.
La investigación sobre los contratos con USEM y la continuidad de la intervención judicial dejaron a la UOM frente a una definición sobre su futuro. Mientras Abel Furlán intenta desvincularse de las acusaciones, dentro del gremio circulan versiones sobre una estrategia para conservar su estructura política mediante otros dirigentes. La disputa por la próxima conducción determinará si ese armado consigue mantenerse o si la organización avanza hacia un esquema de representación diferente.
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