21 de noviembre de 2026

Política

Política. Ley Malvinas: Bullrich desafía a Caputo y exige cambios

La senadora cuestiona el alcance de las sanciones económicas previstas en el proyecto impulsado por el asesor presidencial. La iniciativa quedó trabada en Diputados y profundizó las diferencias internas de La Libertad Avanza.

El Gobierno Nacional enfrenta una nueva disputa interna por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, uno de los proyectos impulsados por el asesor presidencial Santiago Caputo. Después de que el oficialismo fracasara en su intento de aprobar la iniciativa en la Cámara de Diputados, la senadora Patricia Bullrich anticipó que pretende introducir modificaciones adicionales, especialmente en los artículos que establecen sanciones económicas contra empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.

La propuesta, que busca endurecer las consecuencias legales para las compañías que operen sin autorización argentina en las Islas Malvinas y la plataforma continental, quedó atrapada entre las negociaciones parlamentarias y las diferencias dentro del propio oficialismo. Según informó Infobae, el sector de Bullrich considera que algunos artículos podrían afectar a empresas nacionales con inversiones, accionistas o relaciones comerciales en el exterior.

El nuevo cuestionamiento llega después del fracaso de la sesión especial del miércoles 18 de noviembre, cuando el presidente de Diputados, Martín Menem, debió levantar la convocatoria porque solamente había 126 legisladores presentes, tres menos de los 129 necesarios para alcanzar el quórum. La situación provocó acusaciones cruzadas dentro de La Libertad Avanza y complicó el tratamiento de una iniciativa que ya había sufrido varias modificaciones para intentar conseguir respaldo parlamentario.

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Bullrich cuestiona las sanciones económicas de la Ley Malvinas

La principal preocupación del entorno de Patricia Bullrich está relacionada con el impacto que podrían tener las sanciones previstas en la ley sobre compañías con actividades económicas internacionales. El proyecto contempla restricciones para empresas que participen, sin autorización argentina, en la explotación de recursos naturales en los territorios reclamados por la Argentina.

Aunque la iniciativa apunta a fortalecer las herramientas legales del Estado frente a operaciones vinculadas con las Islas Malvinas, desde el sector de la senadora consideran que la redacción podría alcanzar situaciones empresariales más amplias que las previstas originalmente.

Una fuente del espacio cuestionó duramente el proyecto y lo calificó como "un mamarracho", al considerar que sus disposiciones podrían generar problemas para compañías argentinas con vínculos societarios en el Reino Unido.

El argumento es que numerosas empresas de gran tamaño operan mediante estructuras internacionales, por lo que la aplicación de restricciones sobre determinados accionistas o sociedades relacionadas podría tener consecuencias sobre actividades que no están directamente involucradas en la explotación de recursos en Malvinas.

Estas objeciones todavía no se tradujeron en una nueva redacción legislativa presentada formalmente por Bullrich. Sin embargo, anticipan que, si el proyecto consigue avanzar en Diputados, el oficialismo podría enfrentar nuevas negociaciones dentro del Senado antes de obtener su sanción definitiva.

Impulsor. La Ley Malvinas tiene el sello de Santiago Caputo, uno de los principales asesores del presidente Javier Milei.
Impulsor. La Ley Malvinas tiene el sello de Santiago Caputo, uno de los principales asesores del presidente Javier Milei.

Santiago Caputo enfrenta resistencias dentro del oficialismo

La iniciativa lleva el sello político de Santiago Caputo, uno de los principales asesores de Milei y una figura central en la elaboración de la estrategia gubernamental. Su intervención en el proyecto se desarrolló junto con funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.

El asesor buscó impulsar una reforma que ampliara las herramientas estatales de defensa de la soberanía y reorganizara determinados mecanismos vinculados con la seguridad nacional. Sin embargo, a medida que avanzaron las negociaciones legislativas, el texto comenzó a recibir cuestionamientos de aliados parlamentarios y de distintos sectores del Gobierno.

El malestar se profundizó después de que la sesión en Diputados quedara frustrada por falta de quórum. Desde el entorno de Caputo interpretaron el episodio como una derrota política y comenzaron a señalar responsabilidades dentro de la estructura oficialista.

La disputa también alcanzó a dirigentes cercanos a Karina Milei, especialmente a quienes mantienen influencia sobre la conducción de la Cámara de Diputados. El enfrentamiento volvió a exponer las diferencias entre los grupos que participan de las decisiones políticas del Gobierno.

En ese contexto, las nuevas objeciones de Bullrich fueron interpretadas por algunos sectores de la Casa Rosada como una señal de distanciamiento respecto del asesor presidencial. Sin embargo, desde el entorno de la senadora rechazan esa lectura y sostienen que las diferencias responden al contenido de la legislación.

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La influencia de Estados Unidos en los cambios del proyecto

Las objeciones al régimen de sanciones económicas no comenzaron con Bullrich. Durante octubre, el proyecto ya había recibido observaciones vinculadas con los intereses de empresas estadounidenses que desarrollan actividades internacionales.

El vicesecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, reconoció durante su visita a Buenos Aires que Washington seguía la discusión legislativa y prestaba atención a las posibles consecuencias sobre compañías de su país.

Esas preocupaciones se produjeron en medio del acercamiento político y comercial entre Javier Milei y Donald Trump, una relación que el Gobierno argentino considera estratégica para su política exterior y económica.

A partir de las negociaciones, el oficialismo introdujo modificaciones destinadas a limitar el alcance de determinadas restricciones empresariales. El canciller Pablo Quirno sostuvo que el proyecto no estaba dirigido contra ninguna compañía en particular, mientras continuaban las conversaciones para conseguir apoyo parlamentario.

La posición de Bullrich vuelve a colocar ese debate en el centro de la discusión. Su sector plantea que la defensa de la soberanía argentina debe compatibilizarse con un marco jurídico que no genere consecuencias indeseadas sobre empresas que operan legítimamente en distintos mercados.

Por el momento, no existe un acuerdo definitivo sobre nuevas modificaciones y el proyecto continúa sin completar su primera instancia de aprobación legislativa.

Polémica. El debate empezó luego de que se conociera que el Reino Unido inició operaciones petroleras en la cuenca de las Islas Malvinas.
Polémica. El debate empezó luego de que se conociera que el Reino Unido inició operaciones petroleras en la cuenca de las Islas Malvinas. Infobae

Los cambios en seguridad nacional y libertad de expresión

La Ley Malvinas no se limita a establecer sanciones por la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur. También incorpora modificaciones en materia de seguridad nacional, protección de infraestructura crítica e interferencia extranjera en procesos electorales.

Precisamente por esa amplitud, el texto recibió cuestionamientos de legisladores aliados y organizaciones que advirtieron sobre la necesidad de precisar las conductas sancionables.

Uno de los puntos más discutidos fue la creación de un organismo de coordinación de políticas estratégicas del Estado. Durante las negociaciones se plantearon diferencias sobre la participación permanente del Ministerio de Seguridad en esa estructura.

El sector de Caputo pretendía un esquema que tomara como referencia el funcionamiento institucional estadounidense, mientras que otros dirigentes reclamaron una participación más amplia de las áreas encargadas de la seguridad interior.

Según la información difundida por Infobae, la última versión del proyecto vuelve a excluir al Ministerio de Seguridad como integrante permanente, salvo en determinadas circunstancias. La modificación representa un cambio respecto de una concesión anterior que había sido incorporada durante el debate en comisión.

También se revisaron las disposiciones relacionadas con las injerencias extranjeras en procesos electorales, especialmente para delimitar las conductas que podrían recibir sanciones penales sin afectar el ejercicio de la libertad de prensa, expresión y actividad académica.

El PRO había reclamado modificaciones sobre este punto y promovido mecanismos de supervisión legislativa, entre ellos la creación de una comisión bicameral para controlar determinadas decisiones vinculadas con la seguridad nacional.

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El fracaso de la sesión profundizó la interna entre Caputo y los Menem

La imposibilidad de alcanzar el quórum en Diputados abrió un nuevo conflicto dentro de la coalición gobernante. La convocatoria del miércoles quedó frustrada cuando 126 legisladores ocuparon sus bancas, pese a que el oficialismo esperaba reunir los apoyos suficientes para iniciar el debate.

Uno de los factores determinantes fue la decisión de los diputados de Provincias Unidas de no sentarse en el recinto, aunque varios de ellos estaban presentes en el Congreso.

Desde el entorno de Martín Menem explicaron que la situación estuvo vinculada con la falta de acuerdo para incorporar al temario una iniciativa sobre biocombustibles. También señalaron que existían diferencias entre Provincias Unidas y el PRO por la integración del Consejo de la Magistratura.

En cambio, dirigentes cercanos a Santiago Caputo interpretaron el fracaso como consecuencia de las disputas internas del oficialismo y dirigieron cuestionamientos hacia los sectores vinculados con los Menem.

La controversia adquirió visibilidad cuando Agustín Romo, dirigente cercano al asesor presidencial, publicó críticas en redes sociales contra integrantes de ese espacio político.

Desde el sector de Bullrich, por su parte, sostienen que no corresponde aprobar una legislación únicamente para resolver una interna. La senadora considera necesario revisar los artículos que puedan generar consecuencias económicas o institucionales que no estén suficientemente justificadas.

Así, una iniciativa presentada inicialmente como una herramienta para fortalecer la soberanía nacional terminó convirtiéndose en otro escenario de negociación y confrontación dentro del Gobierno.

Interna. Bullrich mantiene otra puja con Martín Menem por la eliminación de las PASO.
Interna. Bullrich mantiene otra puja con Martín Menem por la eliminación de las PASO. Perfil

La disputa por las PASO también enfrenta a Bullrich con los Menem

Las diferencias entre los sectores oficialistas no se limitan a la Ley Malvinas. También se trasladaron al debate sobre la eventual suspensión de las elecciones primarias de 2027, una iniciativa impulsada por el Gobierno que generó negociaciones entre distintos dirigentes.

Según la reconstrucción publicada por Infobae, Bullrich sospecha que el sector de los Menem intentó perjudicarla durante las negociaciones por las PASO, con el objetivo de responsabilizarla por un eventual fracaso parlamentario.

En ese escenario, la senadora fortaleció su coordinación política con Diego Santilli, con quien mantiene conversaciones sobre distintos proyectos legislativos.

La relación entre Bullrich, Caputo, Santilli y los Menem refleja la existencia de diferentes centros de influencia dentro del oficialismo. Aunque todos participan de la misma estructura gubernamental, sus posiciones sobre determinados proyectos y estrategias parlamentarias no siempre coinciden.

Desde el entorno de la senadora aseguran que mantiene canales de diálogo con el asesor presidencial, pero que eso no implica respaldar automáticamente todas sus iniciativas.

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La Ley Malvinas sigue trabada y el Gobierno deberá negociar nuevos apoyos

Después del fracaso de la sesión, el oficialismo deberá reorganizar las negociaciones para conseguir los 129 diputados necesarios para abrir el debate y reunir posteriormente los votos que permitan aprobar la iniciativa.

La situación se complica por la proximidad del tratamiento del Presupuesto 2027, que el Gobierno pretende llevar al recinto el 25 de noviembre. La concentración de la agenda parlamentaria reduce los márgenes disponibles para tratar otros proyectos antes de finalizar el período legislativo.

Incluso si logra obtener media sanción en Diputados, la Ley Malvinas deberá atravesar posteriormente el Senado, donde Bullrich anticipa que buscará introducir nuevas modificaciones.

La posibilidad de que la Cámara alta cambie el texto obligaría a completar nuevas etapas del procedimiento legislativo, lo que podría demorar todavía más su aprobación definitiva.

La disputa también plantea una dificultad política para el Gobierno: una iniciativa que busca fortalecer la posición argentina frente a la explotación de recursos en Malvinas enfrenta cuestionamientos dentro del propio espacio que la impulsó, tanto por su alcance económico como por sus disposiciones institucionales.

La Ley Malvinas quedó atrapada entre las objeciones empresariales, las negociaciones con los aliados y la interna entre Patricia Bullrich y Santiago Caputo. Mientras el oficialismo intenta recuperar el control de la agenda parlamentaria, el proyecto sigue sin media sanción y enfrenta la posibilidad de nuevas modificaciones antes de convertirse en ley.

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