La Justicia rechazó la intervención de SIGEN en las auditorías de la UBA

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3, bajo la dirección del juez Santiago Carrillo, resolvió en contra de la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en las auditorías internas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En su fallo, el tribunal desestimó la medida cautelar solicitada por la SIGEN para poder revisar la gestión de la universidad, argumentando que no existe normativa que le otorgue tal facultad.

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La UBA había sostenido que no existe en la legislación vigente ninguna norma que faculte a la SIGEN para ejercer el control interno de las universidades nacionales. A lo largo de la resolución, el juez destacó que la información solicitada por la SIGEN fue debidamente presentada en el marco de la cuenta de inversión de 2023 de la Contaduría General de la Nación, y que las universidades nacionales cumplieron con los requerimientos establecidos por este organismo.

En su fallo, Carrillo también subrayó que la UBA ha sido transparente en cuanto a sus auditorías internas, publicando los informes correspondientes de los años 2015 a 2024 en su sitio web, junto con la normativa y el manual de procedimientos de auditoría. El juez destacó que, de acuerdo con el sistema de gestión de documentos de la universidad, no hay indicios de que la documentación requerida por la SIGEN pueda extraviarse o alterarse.

Así lo dispuso el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3 a cargo del juez Santiago Carrillo. En la resolución se desestimó la medida precautoria peticionada por la Sindicatura General de la Nación para poder hacer una revisión sobre la universidad.

En cuanto a los argumentos presentados por la SIGEN sobre el posible riesgo de manipulación de los documentos, Carrillo los calificó como conjeturas sin sustancia, no suficientemente sólidas para justificar la intervención. El fallo también hizo hincapié en la autonomía universitaria, un principio reconocido en la reforma constitucional de 1994. El juez recordó que las universidades nacionales, como la UBA, gozan de un estatus jurídico especial, y que la Ley de Educación Superior (Ley 24.521) establece normas que limitan la injerencia del Poder Ejecutivo Nacional en su funcionamiento.

Con esta decisión, la justicia ha detenido temporalmente el intento del Poder Ejecutivo Nacional de intervenir en el control interno de la UBA, dejando en claro que la supervisión de las universidades corresponde al Poder Legislativo y al Judicial, como garantes de su independencia.

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Este fallo refuerza la autonomía de las universidades nacionales en Argentina, evitando que el Gobierno ejerza un control directo sobre sus gestiones internas. La disputa se mantendrá pendiente hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la controversia.