22 de noviembre de 2026
MSC denunció a cuatro ex ejecutivos y otras siete personas por presuntas maniobras con facturas falsas y operaciones financieras. La Justicia rechazó los pedidos para cerrar la causa, que involucra movimientos por más de US$70 millones.
Una investigación judicial por un presunto fraude millonario dentro de Mediterranean Shipping Company (MSC), una de las principales empresas de transporte marítimo de contenedores del mundo, puso bajo la lupa a cuatro ex ejecutivos de su filial argentina y a otras siete personas vinculadas con compañías proveedoras. La denuncia apunta a un entramado de facturación de servicios inexistentes, comisiones indebidas y operaciones financieras internacionales que habría involucrado movimientos superiores a los US$70 millones.
La causa se inició en 2025, a partir de una presentación realizada por un alto directivo de MSC Argentina, que se constituyó como querellante. La investigación quedó a cargo del fiscal Marcelo Munilla Lacasa y registra un avance importante después de que el juez Mariano Amaduri, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 7, rechazara los planteos de las defensas que pretendían impedir la continuidad del expediente.
Según la documentación judicial revelada por Infobae, la empresa sospecha que antiguos integrantes de su conducción financiera y comercial habrían utilizado operaciones legítimas de la compañía para insertar intermediarios, generar facturas por prestaciones ficticias y desviar fondos mediante un circuito que incluía sociedades radicadas en Argentina y Panamá, con posibles transferencias hacia Ginebra, Suiza.
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La denuncia presentada por la filial argentina de MSC identifica a cuatro antiguos funcionarios que ocuparon posiciones estratégicas dentro de la estructura empresarial y que, según la acusación, habrían tenido distintos niveles de participación en las maniobras investigadas.
El principal señalado es Martín Adrián Silman, ex director financiero de la compañía, a quien la querella atribuye un papel central en la organización del presunto mecanismo de defraudación. La investigación también alcanza a Ariel Lista, ex gerente financiero, y a Ariel Borrometi, quien se desempeñaba como tesorero.
El cuarto ex directivo denunciado es Hugh Gavin Skellorn, antiguo gerente comercial y deputy general manager de la filial local. Su inclusión en el expediente está relacionada con las actividades comerciales que habrían servido de base para introducir intermediarios y justificar determinados movimientos de dinero.
De acuerdo con la presentación de MSC, los denunciados habrían aprovechado sus responsabilidades internas para intervenir sobre operaciones empresariales que requerían autorizaciones, controles contables y pagos a terceros. Sin embargo, las responsabilidades individuales todavía deben establecerse judicialmente y las acusaciones no constituyen una condena.
La causa también comprende a otras siete personas relacionadas con empresas proveedoras y operadores financieros, cuya participación es examinada para determinar cómo se habrían organizado los circuitos de facturación y transferencia de fondos.

Uno de los principales ejes de la investigación consiste en determinar si los acusados utilizaron servicios de intermediación inexistentes para justificar pagos realizados por MSC Argentina.
Según la hipótesis presentada por la empresa, los involucrados habrían introducido intermediarios en operaciones comerciales que ya estaban en marcha entre la naviera y sus clientes. De ese modo, determinadas compañías podían presentar facturas por supuestos servicios sin haber realizado una prestación efectiva.
La denuncia también incluye maniobras relacionadas con sobrefacturación de corretajes cambiarios y operaciones no autorizadas de compraventa de bonos por montos de miles de millones de pesos.
La investigación judicial describe un circuito en el que las sociedades intermediarias habrían permitido registrar contablemente los pagos y trasladar fondos fuera de los canales comerciales habituales.
En uno de los pasajes del fallo, la Justicia recoge la acusación de que los involucrados "habrían simulado servicios de intermediación", aprovechando operaciones reales de la compañía para cobrar comisiones sin una contraprestación efectiva.
Las facturas constituyen un elemento central del expediente porque permitirían reconstruir quiénes solicitaron los pagos, qué funcionarios los autorizaron y cuáles fueron las empresas que recibieron el dinero.
Uno de los puntos más relevantes de la causa es el volumen económico de las operaciones bajo sospecha. La investigación menciona movimientos superiores a US$70 millones, aunque esa cifra no equivale necesariamente al dinero que habría perdido la empresa.
De acuerdo con la documentación difundida por Infobae, MSC estimó inicialmente un perjuicio de aproximadamente US$5 millones, mientras que la investigación busca establecer si el daño económico fue mayor.
El fallo judicial señala que las operaciones sobre las cuales se habrían calculado las comisiones cuestionadas superarían los US$70 millones. Por lo tanto, el expediente diferencia entre el volumen de dinero movilizado y los importes que podrían integrar una eventual defraudación.
Esta distinción resulta importante porque todavía no existe una determinación judicial definitiva sobre la cantidad de dinero desviada ni sobre la responsabilidad de los acusados.
El monto final dependerá del análisis de la documentación comercial, las transferencias bancarias, las operaciones financieras y los testimonios que se incorporen durante la investigación.

La denuncia también puso el foco sobre el posible destino internacional de los fondos. Según la hipótesis de MSC, parte del dinero habría sido trasladado mediante operaciones de contado con liquidación (CCL), utilizando sociedades intermediarias que permitían canalizar movimientos entre distintas jurisdicciones.
El circuito bajo investigación incluye empresas vinculadas con Argentina y Panamá, así como posibles transferencias hacia Ginebra, Suiza.
El contado con liquidación es una operación financiera que permite obtener divisas a través de la compraventa de activos. Se trata de un mecanismo legal, aunque puede ser utilizado de manera irregular si intervienen fondos obtenidos mediante delitos, se falsea documentación o se realizan operaciones no autorizadas.
En este caso, la investigación no cuestiona la existencia del instrumento financiero en sí mismo, sino las condiciones en que se habrían realizado determinadas transacciones y el posible destino del dinero.
La presentación de MSC también involucra a una casa de cambios, cuya participación está siendo examinada por presuntas irregularidades en el cobro de comisiones vinculadas con las operaciones.
El esquema denunciado habría permitido que fondos provenientes de actividades de la compañía circularan por distintas sociedades y operadores financieros antes de su eventual distribución.
El expediente registró un avance durante octubre, cuando el juez Mariano Amaduri resolvió rechazar los planteos de varios acusados que pretendían cuestionar la continuidad del proceso penal.
Según la información judicial difundida, seis de los involucrados habían presentado argumentos relacionados con la falta de acción y la inexistencia de delito, con el objetivo de impedir que continuara la investigación.
Las defensas también cuestionaron distintos aspectos procesales de la denuncia. En particular, la representación de Martín Adrián Silman intentó apartar a MSC Argentina de su participación como querellante.
Sin embargo, el magistrado desestimó los planteos, por lo que la causa continuará bajo la investigación del fiscal Marcelo Munilla Lacasa.
La resolución no implica que el juez haya declarado culpables a los acusados. Su alcance consiste en permitir que el expediente siga avanzando para determinar si existieron las maniobras denunciadas y quiénes podrían ser responsables.
Después de la decisión judicial, la causa regresó a la etapa de producción de pruebas, con nuevas medidas destinadas a reconstruir los movimientos económicos.

La denuncia adquiere una dimensión empresarial importante por el peso internacional de Mediterranean Shipping Company, una de las principales compañías de transporte marítimo de contenedores.
El grupo cuenta con operaciones en numerosos puertos del mundo y mantiene una presencia relevante en la logística del comercio internacional. En Argentina desarrolla actividades en el Puerto de Buenos Aires y en otras terminales del país.
La empresa administra una extensa red de rutas marítimas y buques dedicados al traslado de mercaderías. También participa del negocio turístico internacional mediante su división de cruceros.
Por ese motivo, la investigación involucra operaciones vinculadas con una actividad estratégica para el comercio exterior argentino, donde el transporte marítimo desempeña un papel importante en el movimiento de importaciones y exportaciones.
El expediente también plantea interrogantes sobre los mecanismos de control interno utilizados para supervisar autorizaciones de pagos, contrataciones de intermediarios y operaciones financieras, especialmente cuando involucran a funcionarios con capacidad de decisión dentro de la estructura empresarial.
Sin embargo, la causa fue impulsada por la propia compañía, que denunció a sus antiguos directivos y busca establecer la magnitud del presunto perjuicio sufrido.
Con el rechazo de los planteos defensivos, la investigación continuará concentrada en la reconstrucción del circuito económico denunciado por MSC.
El fiscal Marcelo Munilla Lacasa avanza con la toma de declaraciones testimoniales y la solicitud de información a organismos públicos y entidades privadas. Estas medidas permitirán examinar las operaciones comerciales, los registros contables y las transferencias que forman parte del expediente.
Uno de los principales objetivos será establecer si las empresas mencionadas prestaron efectivamente los servicios facturados o si funcionaron como intermediarias para justificar pagos indebidos.
También deberá determinarse qué montos fueron efectivamente desviados, quiénes recibieron los fondos y cuál fue el grado de intervención de cada acusado.
La eventual existencia de sociedades intermediarias, transferencias internacionales y operaciones de compraventa de títulos añade complejidad a una investigación que puede requerir el análisis de documentación financiera de diferentes jurisdicciones.
La denuncia de MSC Argentina abrió una causa judicial que involucra a cuatro exejecutivos y operaciones superiores a US$70 millones. Aunque la Justicia permitió que la investigación continúe, todavía resta establecer el perjuicio económico definitivo y determinar si existieron responsabilidades penales en las maniobras denunciadas.
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