La Corte Suprema fallaría a favor de Ciudad de Buenos Aires sobre las clases presenciales
La Corte Suprema de la Justicia daría a conocer esta semana el fallo sobre las clases presenciales de la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, se conoció que el máximo tribunal se pronunciaría a favor del gobierno porteño en su decisión de mantener la presencialidad en las aulas, pese al nuevo DNU presidencial, y respaldaría la autonomía del distrito.
La resolución de los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco es aguardada con expectativa en el gobierno de Alberto Fernández y en la administración de Horacio Rodríguez Larreta. La razón de esto es que el fallo fijará criterios a ambos gobiernos (Nación y Ciudad) sobre sus facultades en el marco de la pandemia y la necesidad de acortar las decisiones en un momento de tanta gravedad sin que sean judicializados.
A la espera del fallo, el procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó, la semana anterior, la inconstitucionalidad del DNU que suspendió las clases presenciales en el AMBA entre el 19 y el 30 de abril. En sus argumentos, Casal había señalado que el decreto firmado por Fernández no estaba fundamentado para tomar una medida como la suspensión de clases, ya que considera que Ciudad de Buenos Aires tiene, al igual que el resto de las provincias del país, su propia autonomía sobre la educación.
"Considero que los argumentos expuestos en la norma impugnada no alcanzan para fundar un estado de necesidad que permita legitimar la suspensión de la concurrencia a los establecimientos educativos en todos sus niveles", aseguró Casal a través de su presentación de 49 páginas. Además indicó que Nación tiene las facultades sobre la salud en todo el país y para tomar medidas de emergencia en casos excepcionales, pero que estas deben estar fundamentadas, por lo que a su criterio no ocurrió.
Luego de resaltar que los DNU tienen que ser ratificados por el Congreso Nacional, el dictamen emitido por Casal explicó que no está demostrado epidemiológicamente que la presencialidad en las escuelas afecte a la salud, en línea con la postura del Gobierno Porteño y lejos del pedido del Ejecutivo para que la Corte Suprema rechace la demanda.
"No ha sido debidamente acreditado que el dictado de clases presenciales haya sido la causa del agravamiento de la situación sanitaria a la que aludió el decreto impugnado, en cuyos considerandos se efectúan afirmaciones genéricas acerca de la necesidad de reducir la circulación de personas y el uso del transporte público, sin precisar adecuadamente la supuesta relación directa e inmediata entre las actividades de educación presencial y el crecimiento exponencial de casos en la región", resaltó.