La Justicia de Paraguay formalizó la acusación por contrabando contra el exsenador argentino Edgardo Kueider y su asistente Iara Guinsel Costa, y solicitó la elevación a juicio oral del acusado. Ambos fueron detenidos el 4 de diciembre de 2024 en el Puente de la Amistad, que conecta Foz do Iguaçú (Brasil) con Ciudad del Este (Paraguay), cuando intentaban ingresar con USD 211.000, 3,9 millones de pesos argentinos y 640.000 guaraníes sin declarar. La fiscalía los señaló por movilizar dinero en territorio aduanero sin documentación legal.

El fiscal Ysrael Villalba Ramírez, de la Unidad N°1 especializada en contrabando, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, presentó la acusación, respaldada por un dictamen de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de abril de 2025, que confirmó el delito. En Paraguay, el contrabando está tipificado en el Código Aduanero y puede implicar hasta cinco años de prisión. Condenas superiores a dos años requieren cumplimiento efectivo en cárcel, mientras que menores podrían conmutarse por multa. Kueider y Costa, quienes mantienen una relación sentimental, cumplen prisión preventiva domiciliaria en Asunción desde su detención.

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El exsenador Edgardo Kueider podría recibir hasta cinco años de prisión por el delito de contrabando.

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El operativo ocurrió durante un control de la Armada paraguaya, Aduana y el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional. Los dólares, pesos y guaraníes fueron hallados en una mochila dentro de una camioneta Chevrolet Trailblazer, que también fue incautada. Kueider, exsenador por Entre Ríos (2019-2024), fue expulsado del Senado argentino el 12 de diciembre de 2024, tras un voto mayoritario impulsado por el kirchnerismo, con apoyo de UCR, oficialismo y fuerzas provinciales, por inhabilidad moral.

Paralelamente, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó la extradición de Kueider a Argentina para investigarlo por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en una causa vinculada a la empresa Securitas. Sin embargo, los pedidos de extradición fueron rechazados en enero y nuevamente en un segundo intento, devolviéndose a la Cancillería argentina para correcciones. La resolución de su situación procesal dependerá del juicio en Paraguay y de las decisiones de la Justicia argentina.

La elevación a juicio está pendiente de la decisión del juez de garantías, Humberto Otazú, quien convocará una audiencia preliminar en las próximas semanas.