El Gobierno allana a dirigentes sociales acusados de supuesta extorsión por planes

En una operación conjunta entre las fuerzas de seguridad y la justicia, se llevó a cabo un extenso allanamiento que involucró a 27 dirigentes sociales pertenecientes al Polo Obrero y otras organizaciones afines. Los dirigentes fueron acusados de presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales.

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Según fuentes oficiales, la investigación que precedió al operativo reveló evidencia de prácticas coercitivas por parte de estos dirigentes, quienes habrían exigido pagos irregulares a cambio de mantener o facilitar el acceso a los beneficios sociales.

Los acusados

De acuerdo a Clarín que entre los acusados están ' Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero. También aparecen Gustavo Vázquez, Elizabeth Palma, Giana Puppo, Cinthia Delgado, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cowper, Carlos Fernández Kostiuk, Nilsa Torres, Leslie Castillo, Blanca Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento y Tania Cassamello, integrantes del Polo Obrero, Movimiento Barrios de Pie y Frente Organizaciones en Lucha (FOL), quienes administraban comedores populares.'

Desde el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) dicen haber sido acusados de 'Coacción, extorsión y defraudación contra la administración pública'.

El allanamiento, que se realizó en múltiples ubicaciones simultáneas, incluyó la incautación de documentación relevante y dispositivos electrónicos para profundizar la investigación. Las autoridades también informaron que se encuentran en proceso de recolección de testimonios y pruebas adicionales.

Este caso ha generado un intenso debate en la opinión pública, con algunos sectores expresando preocupación por posibles abusos de poder por parte de los dirigentes sociales, mientras que otros defienden la labor de estas organizaciones en la defensa de los derechos de los más vulnerables.

La polémica ya está desatada aunque La justicia ha asegurado que se respetarán en todo momento los derechos de los acusados durante el proceso judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.