Cachetazo internacional: la ONU se manifestó en contra del Protocolo "antipiquetes" de Bullrich

A través de un extenso comunicado, tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se manifestaron en contra del controvertido protocolo "antipiquetes" implementado por la ministra de Seguridad de Javier Milei, Patricia Bullrich, y advirtieron al Gobierno que no imponga "restricciones indebidas" al derecho a la libertad.

En un análisis minucioso de los artículos que comprende la normativa instaurada por Bullrich para evitar los cortes de calles e intersecciones, los funcionarios de la ONU, Clement Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión, y de expresión y Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos advirtieron al Gobierno sobre las múltiples observaciones de la medida que hacen que la misma no sea "compatible" con las normas internacionales de derechos humanos, por lo que solicitaron a las autoridades una "revisión" del protocolo.

"En particular, solicitamos al Gobierno de su Excelencia que garantice que esta revisión se lleve a cabo en coordinación y cooperación con organizaciones de derechos humanos y mecanismos internacionales. Para este ejercicio se debería tener en cuenta toda la gama de obligaciones internacionales que el Estado de Argentina ha asumido al ratificar los distintos tratados internacionales de derechos humanos", reza el documento publicado por los funcionarios de la ONU.

El informe sugiere que las disposiciones adoptadas por la cartera de Seguridad contra las manifestaciones y/o reuniones representan "una manifiesta forma de criminalizar el ejercicio del derecho a la reunión pacífica". En ese sentido, y en crítica de otro de los artículos planteados por el polémico protocolo, los funcionarios de las Naciones Unidas sugieren que "los Estados no deberían exigir una autorización para permitir que se realice una reunión".

"De acuerdo con el derecho internacional, las reuniones constituyen un uso legítimo del espacio público y una prohibición general no puede ser aceptada. Al contrario, el estado debería encontrar la forma para facilitar las reuniones pacíficas y para promover el derecho a reunirse pacíficamente como forma de expresión democrática", señalaron en el documento.

Asimismo, los relatores de la ONU le sugirieron al Gobierno que lleve a cabo la revisión y la modificación de los artículos señalados "en coordinación y cooperación con organizaciones de derechos humanos y mecanismos internacionales". En tanto, hasta el momento desde el Ejecutivo no se han expresado acerca de las observaciones del organismo multilateral.