La Justicia postergó el plazo para que las prepagas devuelvan lo que cobraron de más

Este viernes, el Juzgado Civil y Comercial N°3, a cargo del magistrado Juan Rafael Stinco, emitió un fallo que ha generado amplia repercusión en el ámbito de la salud privada en Argentina. La resolución posterga el plazo para que las empresas de medicina prepaga devuelvan los montos cobrados de más a sus afiliados, en el marco de una causa impulsada por el Gobierno nacional.

El fallo establece una nueva audiencia para el 27 de mayo, convocando a las partes involucradas y suspendiendo los plazos procesales hasta esa fecha. Esta decisión se enmarca en la ejecución de una medida cautelar dictada previamente y el efecto de su apelación, según lo estipulado por el artículo 198 del Código Procesal Civil y Comercial Nacional.

Según indicó TN, fuentes judiciales han confirmado que la cautelar en cuestión tiene efecto devolutivo, lo que implica que las disposiciones del juez Stinco contra las empresas de medicina prepaga continúan vigentes, a pesar de las apelaciones presentadas por las compañías.

El fallo del viernes anterior había ordenado a las empresas retrotraer los montos cobrados a las cuotas vigentes al mes de diciembre de 2023 y actualizar las mismas considerando el Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC.

La Superintendencia de Servicios de Salud, dependiente del Ministerio de Salud, había impulsado esta medida para garantizar la devolución del excedente cobrado a los afiliados por las empresas de medicina prepaga.

En respuesta, el juez había establecido un plazo de cinco días para que cada empresa presente un plan de acción para efectivizar la restitución del dinero, bajo apercibimiento de tomar medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.

Un total de 23 empresas de medicina prepaga se encuentran alcanzadas por esta medida, entre ellas OSDE, Swiss Medical, Medicus, y otras reconocidas en el ámbito de la salud privada en Argentina.

Desde la Superintendencia de Servicios de Salud han aclarado que la medida cautelar sigue en vigencia y que las empresas deben cumplirla, y que la audiencia convocada para mayo tiene como objetivo dar continuidad al proceso.

Las empresas de medicina prepaga han advertido que esta medida gubernamental pone en riesgo el funcionamiento del sistema de salud privado en el país, argumentando que los incrementos no fueron resultado de una decisión cartelizada, sino de la necesidad de recomponer los honorarios de los prestadores afectados por decisiones gubernamentales anteriores.