19/12/2023

País

Movimientos de izquieda pidieron a la Justicia que suspenda el protocolo antipiquetes

La medida cautelar fue presentada por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). La jueza Servini se declaró incompetente y giró la causa al fuero Contencioso Administrativo Federal. El CELS, CTA, CGT y CTEP hicieron una presentación internacional.

Frente a las medidas que tomará el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich este miércoles 20 de diciembre en la manifestación, los grupos de izquierda pidieron a la Justicia la inconstitucionalidad del protocolo antipiquetes y la definición recayó sobre el fuero federal.

El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) reclamó este lunes a la Justicia una medida cautelar que suspendiera la aplicación de la medida "hasta que se resuelva el fondo de la cuestión".

La denuncia de la diputada porteña Celeste Fierro y la abogada apoderada del, Mariana Chiacchio, recayó en el juzgado federal de María Servini. La magistrada se declaró incompetente y giró el expediente al fuero Contencioso Administrativo Federal.

En la presentación, el MST solicitó una "acción declarativa de inconstitucionalidad (...) del protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación" anunciado por Bullrich porque, según argumentaron, "lesiona derechos y garantías de carácter constitucional".


En ese sentido, el espacio de izquierda reclamó "una medida cautelar urgente para que, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, el Poder Ejecutivo Nacional se abstenga de aplicar en las protestas callejeras tal protocolo".

Entre los fundamentos, mencionaron que la iniciativa "amenaza derechos políticos y penaliza la ocupación del espacio público en toda forma de manifestación pacífica, limitando así los derechos constitucionales de reunión, de peticionar a las autoridades y la libertad de expresión".

A su vez, sostuvieron que la aplicación del protocolo antipiquetes implicaría "la persecución hacia los grupos opositores, usando la fuerza represiva estatal, criminalizando el accionar legítimo de quienes usamos la manifestación en el espacio público como un canal democrático de expresión".

Además, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto con la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), realizaron una presentación internacional ante la medida de la cartera nacional de Seguridad de La Nación. Lo hicieron ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Acompañaron 1700 firmas.


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