El gobierno envió el paquete fiscal a Diputados: Incluye blanqueo y cambios en Ganancias, monotributo y moratorias

En una nueva empresa legislativa y con el oficialismo renovado tras los cambios en la composición del bloque, el gobierno nacional de Javier Milei envió a la Cámara de Diputados el anticipado proyecto del paquete fiscal, una "ley especial" que incluye cambios en el Impuesto a las Ganancias, el monotributo, el tributo a los Bienes Personales y las moratorias, además de proponer un plan de blanqueo de capitales y otras iniciativas que correrán de forma paralela a la "Ley Ómnibus" tras su escisión luego del fracaso en sesiones extraordinarias.

Ya está aquí la flamante "Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes", el programa de medidas que La Libertad Avanza busca contabilizar como su primera victoria parlamentaria ante un Congreso que hasta el momento le ha sido esquivo. Separado de la "Ley de Bases" que volvió a foja cero en febrero y que ahora reflotará el Ejecutivo de a partes, el proyecto fiscal contempla modificaciones a varios regímenes del sistema tributario nacional con el fin de ordenar "un sistema con una de las mayores tasas de presión fiscal del mundo".

A la cabeza de la lista aparece la restitución de la última categoría del Impuesto a las Ganancias. En realidad, la propuesta implica la eliminación de la eximición del cuarto grupo de contribuyentes, sancionada a finales de 2023 con el apoyo del propio Milei. El detalle señala que, de aprobarse el proyecto, el mínimo no imponible será de ingresos mensuales por $1.800.000 para las personas solteras y de $2.200.000 para las casadas con hijos. Además, los montos a abonar se ajustarán de forma anual a partir de 2025 inclusive según la inflación oficial.

En segundo lugar, la "Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes" establece un nuevo plan de blanqueo de capitales bajo la forma de un Régimen de Regularización de Activos que estaría vigente hasta mediados de 2025. La disposición determina que "quedarán liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones" todas las personas residentes y no residentes y las sociedades que se inscriban al programa.

El paquete incluye también la creación del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales, cuyo objetivo es reducir la tasa máxima de 2,25% a 0,45%. En este caso, el pago inicial no podrá ser de menos del 75% del total del gravamen, y quienes se adhieran al programa "gozarán de estabilidad fiscal hasta el año 2038 respecto del Impuesto sobre los Bienes Personales y de todo otro tributo nacional". Asimismo, para el período fiscal 2023 "no estarán alcanzados por el impuesto los bienes gravados cuando su valor en conjunto resulte igual o inferior a $100.000.000", mientras que en casos de "inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, el piso asciende a $350.000.000".

Junto a ello, el proyecto contempla una iniciativa para dar lugar al "Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social", por el que se excluyen los aportes destinados al Sistema Nacional de Obras Sociales, a las ART (Aseguradoras de Riesgo de Trabajo), al régimen especial de empleados del servicio doméstico, al Seguro de Vida obligatorio, al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y al Régimen de Equipaje del Código Aduanero, entre otros gravámenes.

En tanto, se establece un Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes con el fin de construir un esquema "más eficiente para los contribuyentes y para el erario público". El modelo cuenta con una primera categoría con un tope de ingresos brutos anuales de hasta $6.450.000 y otras precisiones acerca de las personas que podrán acceder al plan. Al mismo tiempo, el gobierno propone derogar el Título VII de la Ley 23.905 de "Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas", por el que eran tributadas "las transferencias de dominio a título oneroso de inmuebles ubicados en el país, en todo el territorio".

Finalmente, el texto contempla una controversial medida que, de aprobarse, afectaría al modo en que son exhibidos los precios de productos y servicios en la vida cotidiana. Es que, para "garantizar a los contribuyentes y consumidores transparencia total sobre la carga tributaria efectiva que recae sobre los productos y/o servicios", la iniciativa pretende que "en caso de ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios", se especifique al comprador "el importe neto sin la incidencia del IVA (Impuesto al Valor Agregado", en lugar del precio final a abonar.