El Gobierno insiste en que las prepagas devuelvan el dinero y considera que la decisión de la jueza "es un delirio"

El Gobierno nacional sufrió un revés en el pedido formal en la justicia para que las empresas de medicina prepaga retrotraigan el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, antes de que se aplicaran aumentos del 150%, porque la jueza que tenía la causa se declaró incompetente y la pasó a otro juzgado.

En ese sentido, fue la jueza Mercedes Maquieira, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N°9, quien anunció su incompetencia en el amparo presentado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), transfiriendo la causa al Juzgado 3 del mismo fuero, bajo la responsabilidad de Juan Rafael Stinco.

El motivo de la decisión judicial radica en que en dicho juzgado se está tramitando un amparo colectivo desde el 29 de diciembre de 2023, conocido como "Causa Wilson", que busca declarar la inconstitucionalidad de dos artículos del DNU 70/23 que regulan las cuotas de las prepagas.

Sin embargo, el juez Stinco llevó la disputa a la Corte Suprema debido a que ni él ni el otro magistrado se consideran aptos para entender en la "Causa Wilson".

Esta situación ha generado críticas por parte del Gobierno y, según indicó Clarín, desde el entorno de Javier Milei consideran que "es un delirio jurídico. Dice (la jueza): vamos a mandar todo esto que está pidiendo la Superintendencia a ese juez que es el titular del juzgado 3".

Agregaron que la magistrada "no hizo mención alguna a la medida cautelar, pero entendió que ella era incompetente porque podía provocar sentencias contradictorias. O sea, no se atrevió a decidir nada y terminó enviando la causa a otra causa en la que se pide algo totalmente distinto".

Las fuentes del Gobierno dijeron que Maquieira "mete al Estado dentro de una misma acción que realizan particulares contra el propio Estado. Algo nunca visto. La postura de la Superintendencia es, obviamente, apelar la resolución. Esto va a tener lugar el día viernes, que es el plazo máximo, y se le pedirá a la Cámara que revoque lo que decidió la jueza y dicte la medida cautelar".

Y concluyeron que "es realmente muy llamativo el accionar de la jueza. Desde el derecho, no resiste ninguna lógica lo que hizo. Tiene que actuar con la responsabilidad que el caso amerita. Se trata de corregir un abuso de las prepagas y un tema de salud. Es por esto que es la primera vez que se hace una medida de esta característica desde el Estado, a partir de las facultades que tiene la SSS como organismo fiscalizador".